TEMAS NACIONALES
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Perú: El referéndum y la deuda histórica de la
descentralización
Por Julio Díaz Palacios
Siempre se ha dicho que la deuda histórica más grande que la clase política tiene con las poblaciones del Perú es la descentralización: 7 u 8 intentos de descentralización hasta la fecha, frustrados por sus propias limitaciones o por la voluntad centralista de gobiernos nacionales autoritarios, son testimonio de la incapacidad de la clase política para cancelar esta deuda. En la campaña del 2001 todos los candidatos presidenciales y los candidatos al Parlamento coincidieron en algo: se hará la descentralización.
El año 2002, el Acuerdo Nacional aprobó la Octava Política de Estado sobre la descentralización y modernización del Estado. Ejecutivo y Congreso dijeron sí a esta reforma, señalando que la descentralización es una política permanente para organizar democráticamente el Estado y construir relaciones más democráticas de éste con la sociedad civil. El año 2002 se inició el proceso de descentralización en curso en un contexto altamente favorable: amplio consenso nacional, voluntad política en el Estado y estabilidad macroeconómica, como para pensar en serio en la descentralización fiscal. Pero había una debilidad estructural: un Estado débil, ineficiente e ineficaz, muy desprestigiado por la corrupción, y partidos políticos poco representativos y sin la necesaria legitimidad; y, por otro lado, organizaciones de la sociedad civil también débiles.
Surgió así un modelo de descentralización basado en la coordinación, cooperación público-privada, concertación de objetivos e intereses interinstitucionales. En el desarrollo del proceso, ese triángulo favorable, lamentablemente, se ha ido diluyendo. Así, se mantiene la estabilidad macroeconómica, pero el consenso nacional estalló y la voluntad política de los poderes del Estado se ha debilitado enormemente.
El proceso, entonces, tiene serias debilidades. Nos referiremos a las que se han hecho muy notorias con ocasión de la integración regional y del referéndum del 30 de octubre. En el diseño institucional: la composición del CND con 5 representantes del Poder Ejecutivo, 2 de los presidentes regionales y 2 de los alcaldes viene mostrando serias limitaciones. ¿Puede un órgano controlado por el gobierno actuar con vocación descentralista? ¿Qué pasa con los presidentes regionales y alcaldes integrantes del directivo del CND, que no impulsan la integración regional? ¿Por qué se excluyó a la sociedad civil, cuando ésta es factor clave?
En el plano de la gestión: el CND, ente conductor del proceso, no ha logrado ubicar en la agenda del país la descentralización como tema prioritario. En el plano del comportamiento de los actores: la mayoría de partidos políticos que tienen responsabilidades en el diseño y en el proceso descentralizador hoy está abierta o encubiertamente en contra de la integración regional; los principales líderes partidarios están centrados en sus campañas electorales y no prestan atención a la consolidación de la descentralización.
El escenario es, pues, difícil. Si el referéndum se va a realizar el 30 de octubre es obra principalmente de algunos sectores del CND, que con muchas precariedades viene impulsando el proceso, de grupos de iniciativa conformados por organizaciones de desarrollo, redes interinstitucionales, algunos proyectos de desarrollo de capacidades, pocos presidentes regionales y un creciente número de gobiernos locales. Resulta curioso que la deuda histórica que la clase política tiene con los pueblos de las provincias y distritos esté siendo asumida por otros y una vez más regateada por los verdaderos deudores.
Artículo publicado en La República de Perú el viernes 21 de octubre del 2005. Se
reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.
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